LA RED POR LA DIGNIDAD DE LOS BARRIOS Y PUEBLOS DE MADRID PREGUNTA AL PLENO MUNICIPAL SOBRE LAS DOTACIONES PARA SERVICIOS SOCIALES EN EL DISTRITO

LA RED POR LA DIGNIDAD DE LOS BARRIOS Y PUEBLOS DE MADRID PREGUNTA AL PLENO MUNICIPAL SOBRE LAS DOTACIONES PARA SERVICIOS SOCIALES

En nuestros barrios y pueblos sufrimos las consecuencias que tienen las decisiones de los gobernantes y los poderes económicos sobre nuestras condiciones de la trabajo y de vida. Sus efectos son la pobreza y la merma de los derechos de la inmensa mayoría de las personas y el brutal incremento de la desigualdad social, que limita las posibilidades de tener una vida digna.
Frente a estas circunstancias la función del sistema de servicios sociales es garantizar las condiciones sociales y personales básicas para que las personas puedan actuar con libertad y ejercer los derechos como ciudadanos. Su finalidad es proteger a las personas allí donde el sistema de mercado y el desempleo les abandona. Y son aún más necesarios hoy cuando el propio mercado laboral incrementa las desigualdades, con el riesgo de que el empobrecimiento se traduzca en marginación social.
A pesar de ello, nuevas decisiones políticas antisociales nos prometen poner en mayor riesgo los servicios públicos que son hoy un soporte básico para compensar la brutal desigualdad, que nos empuja a situaciones límites en las que no se puede hacer frente a las necesidades básicas. Y, entre ellos, los servicios sociales, que deben realizar la atención social necesaria a las personas en situación de precariedad y en riesgo de exclusión.
Porque, ¿en qué quedamos las personas desprotegidas cuando son los mercados los que dictan las normas? Cada vez vemos y oímos como el famoso mito del mercado “dicta” a los poderes políticos qué servicios debemos tener y cómo deben ser; como penaliza a los pobres y desprotegidos haciéndonos creer que somos los culpables de nuestro propio fracaso. Se afirma, con especial descaro, que toda intervención pública que intente cambiar los resultados del mercado, se convierte en el enemigo a combatir pues retrasa la salida de la crisis ¿Qué crisis? ¿La de quienes lo han perdido todo? ¿O la de quiénes labran sus negocios
con la corrupción y la privatización de los recursos públicos? De este modo, se ha producido una alarmante criminalización de los fenómenos derivados de la pobreza.
¡El mundo al revés! Porque son los sistemas de control quienes amplían sus competencias, mientras que se reducen los Servicios Sociales y los Sistemas de Protección. Las medidas de restricción de los apoyos sociales se intentan justificar convirtiendo a las personas necesitadas en “sospechosas de engaño”. ¿Se van a acabar convirtiendo en un problema de seguridad ciudadana?
Frente a las situaciones de desamparo, de desprotección, de empobrecimiento, se necesita la vía política que garantice los “bienes de justicia” por debajo de los cuales no hay vida humana. Se necesita también la vía social que facilite el acceso a esos bienes mediante la colaboración ciudadana y la movilización social. Y ante ello no se puede utilizar la tijera con el descaro que se está haciendo, pues los recursos para ello proceden de la contribución de todos los ciudadanos a través de los impuestos públicos, y no se puede impedir el ejercicio de solidaridad entre las personas que componemos esta sociedad, si es que queremos una sociedad que pueda considerarse democrática.
Sin embargo son los propios sistemas y recursos para la protección de las personas los que están no sólo bajo mínimos sino en riesgo de extinción. No hay sino caer en la cuenta de los recortes que ya no atienden a necesidades básicas, o de las condiciones para poder acceder a una renta básica, que cuando es concedida tiene una espera de doce meses, o del gran recorte en dependencia además del desvío de fondos de la dependencia a pagos de otras deudas.
La desafección de los gobiernos estatal, autonómico y local hacia las personas necesitadas se concreta hoy en la proyectada reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. La reforma de la Administración local diseñada por el Gobierno —cuyo lema es: una Administración, una competencia— concede la competencia exclusiva de los servicios sociales a las comunidades autónomas.
Esta decisión tendrá un impacto directo en las prestaciones municipales, protagonistas de la primera (con frecuencia también segunda y tercera) línea de batalla contra la desigualdad, la exclusión y el desamparo. Los Servicios Sociales quedan en ella al margen de su gestión, y se reduce su capacidad para lograr la función que tienen.
Ante todo ello, reclamamos unos Servicios sociales que se rijan por el criterio de suficiencia para atender a las necesidades que justifican su finalidad. Reclamamos con el convencimiento de que no es la austeridad para todos lo que defiende nuestra administración local, sino el lucro del particular. Como botón de muestra de ello, cabe recordar la cuantía que nuestro ayuntamiento de Madrid destina a Personal eventual adscrito al gobierno y administración del Ayuntamiento de Madrid o “asesores a dedo”, son 211 personas que importan una retribución anual de 9.666.760 €. Son una vergüenza más de la sangría sobre los recursos públicos, mientras se niega lo fundamental a las personas más necesitadas.

No obstante y siendo fieles al “Sí se puede”, haremos propuestas de activo compromiso social; por lo que nos dirigimos a este Pleno municipal en defensa de las personas para:

1o. Reclamar de este Pleno el acuerdo y declaración pública que ponga de manifiesto su apoyo para disponer en esta Junta municipal de los recursos económicos suficientes para dar la respuesta por los Servicios sociales a las necesidades urgentes de las personas de nuestro Distrito.

2o. Demandar que el equipo de gobierno de esta Junta Municipal traslade al Pleno del Ayuntamiento de Madrid este acuerdo.

3o. Reclamar que se dé información pública del presupuesto que las necesidades del Distrito hacen necesario, y que se dé cuenta de forma transparente y pública del destino del presupuesto asignado.

4o. Preguntar a este Pleno si para hacer operativo este acuerdo y contribuir a la mejora de los planes de aplicación de los recursos ¿este Pleno está de acuerdo en constituir una Mesa Social con las funciones de:

a)conocer las necesidades sociales del Distrito

b)dar información pública de cómo se está respondiendo a ellas

c)establecer prioridades para los recursos necesarios

d)controlar su gestión